El colonialismo y la lucha por la independencia de Puerto Rico

 Alejandro Torres Rivera

                               

                                  

         De todos los derechos esenciales, sancionados por la comunidad internacional como fundamentales al ser humano, quizás el de mayor  importancia es aquel que consigna el derecho de toda persona a la inviolabilidad de su dignidad. Se trata de un derecho que se ejercita tanto individualmente, como a nivel colectivo. Partiendo de éste, encontramos otros derechos, individuales y colectivos, igualmente importantes. Entre tales derechos se encuentran: el derecho de los ciudadanos a la justicia social, a la paz y al desarrollo; el derecho a su protección de su integridad y al disfrute de las riquezas naturales dentro de su territorio nacional; el respeto a su personalidad jurídica; el derecho a la afirmación y protección de su identidad nacional y cultural; el derecho a la educación, a la salud y al trabajo; y finalmente, el derecho al ejercicio de la libre determinación, independencia y soberanía nacional.

 

         Puerto Rico, ocupa una zona privilegiada en la región del Caribe. Localizado en el extremo oriental del archipiélago de las Antillas Mayores, sus islas habitadas localizadas la región Este, las islas de Culebra y Vieques, inician geográficamente hablando, lo que constituye el archipiélago de las Antillas Menores.

 

          Históricamente, el Caribe ha sido el escenario de luchas entre diferentes estados que desde la época mercantil han venido librando importantes batallas por el control de sus rutas comerciales; por el control de sus mercados; y por su control militar. Mediante el control de esta  zona, las potencias imperialistas acceden hoy día  a un mercado de 800 millones de seres humanos de los cuales 240 millones viven en la pobreza, el cual, a su vez, abarca una superficie  de 15.6 millones de millas cuadradas. En esta región, el estado imperialista principal, Estados Unidos, lleva a cabo alrededor del 40% de su comercio exterior. Cuarenta y nueve centavos de cada dólar dólar gastado por Estados Unidos en nuestros países se invierte en bienes y servicios que luego serán importados desde nuestra región hacia dicho país.

 

         El apetito estadounidense por el Caribe, precede la constitución de su propia república. Uno de sus padres fundadores, Benjamín Franklin, recomendaba a Inglaterra en la época de las 13 colonias la invasión de la isla de Cuba. En 1783, apenas transcurridos siete años desde su Declaración de Independencia, John Adams propugnaba la anexión de Cuba y Puerto Rico. Tomás Jefferson, otro de los padres de la joven república, defendió la idea de que la confederación angloamericana sería el nido desde donde se poblaría toda América, la del Norte y la del Sur.

 

         La adopción de la Doctrina Monroe el 2 de diciembre de 1823 estableció una nueva justificación para tales ideas expansionistas. Mediante ella se consignó que cualquier acto o ingerencia de parte de las potencias europeas en lo que antes fueron las colonias españolas, constituía una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

 

          La Doctrina del Destino Manifiesto adoptada en el 1845,  establecía que la “providencia divina” llamaba a Estados Unidos a conducir los destinos del Continente. Sobre esta intención, ya Simón Bolívar alertaba  a los pueblos latinoamericanos en el Congreso efectuado en Panamá el 22 de abril de 1826 cuando señaló:

 

“Los Estados Unidos parecen haber sido colocados por la fatalidad en el Nuevo mundo para causar daño a América en nombre de la Libertad.”

 

         Tanto la Doctrina Monroe como la Doctrino del Destina Manifiesto  formaron parte en las premisas ideológicas sobre las cuales se desató la Guerra Hispano-cubana- americana de 1898.

 

         En virtud del Tratado de París suscrito por España y Estados Unidos, Puerto Rico fue cedido como botín de guerra. Se inició así su período colonial como territorio no incorporado a Estados Unidos.

 

         El Tratado de París dispuso en su Artículo IX que los “derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarían por el Congreso.” Así, luego de dos años de Gobierno Militar, el Congreso de Estados Unidos aprobó el 12 de abril de 1900 la primera Carta Orgánica dotando a Puerto Rico de un Gobierno Civil. Bajo esta Ley, sin embargo, el Congreso de Estados Unidos se reservó todas las prerrogativas que le corresponden a un estado soberano en relación con un territorio colonial.

 

         Previo a la Guerra, la economía de Puerto Rico había entrado en un proceso de integración al mercado estadounidense. Para entonces el 21% de los productos consumidos era importado de Estados Unidos mientras exportaba hacia dicho país el  15.2% de sus producción.

 

          La dependencia e integración dentro de la economía de Estados Unidos a partir de 1898 fue extraordinaria. Ya para 1901, el total de importaciones era de 78.1% mientras que el total de exportaciones era  el 65%. El control de tierra cultivable, en renglones como el tabaco y la caña de azúcar, pasó de 5,693 cuerdas a 72,136 y de 22,142 a 145,433 respectivamente. En esos años el 80-85% de la manufactura pasó también al control del capital estadounidense.

 

         El 2 de marzo de 1917, en pleno desarrollo de la primera Guerra Mundial, se aprobó por el Congreso de Estados Unidos una nueva Ley Orgánica mediante la cual se impuso a los ciudadanos puertorriqueños la ciudadanía estadounidense. Para entonces se hizo también  extensivo a los puertorriqueños la nueva Ley del Servicio Selectivo en Estados Unidos  mediante el cual los jóvenes tenían que registrarse para el servicio militar en la eventualidad de ser llamados al servicio activo. La Ley Jones no le reconoció a los puertorriqueños ningún atributo de poderes soberanos como pueblo.

 

         En 1950 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley 600, mediante la cual autorizó el inicio de un llamado “proceso constitucional” dirigido a que los puertorriqueños organizaran un gobierno propio en conformidad con los parámetros definidos por el propio Congreso. De dicho proceso surgió el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La naturaleza colonial de dicho status político no fue modificada, sino por el contrario, ratificada.

 

         En la ley el Congreso establece, no solo los parámetros sobre los cuales los delegados a ser electos por el pueblo tienen que llegar a acuerdos en lo que se refiere a la organización del nuevo Gobierno; sino además, el poder reservado al Congreso de Estados Unidos para modificar la Constitución que en su día  aprobara  el pueblo  en referéndum.

 

         Entre las imposiciones del Congreso a la Constitución se encuentra la inclusión en el Artículo VII, Sección 3 como condición para su ratificación, lo siguiente:

 

“     Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo primero adoptada con el carácter de un convenio.”

 

         Bajo la anterior premisa, por solo dar un ejemplo entre varios que podrían ofrecerse, prevalece lo dispuesto en el Tratado de París en 1898 a los efectos de que es el Congreso de Estados Unidos quien determinará los derechos civiles y la condición política de los habitantes de Puerto Rico; y que todas la leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos que no sean localmente inaplicables, aplicarán con todo vigor en Puerto Rico.

 

          El custodio de tales prerrogativas federales en Puerto Rico ha sido y sigue siéndolo el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico. De hecho, a raíz de las elecciones efectuadas el pasado 2 de noviembre y como resultado de un pleito radicado por el sector anexionista en Puerto Rico contra el resultado preliminar y el proceso de escrutinio de votos, como ha ocurrido en el pasado en otros asuntos relacionados con nuestra vida como pueblo, la Corte Federal intervino con el proceso electoral puertorriqueño.

 

         A lo largo de los pasados 106 años nuestro país, no sin grandes esfuerzos, ha mantenido en forma sostenida una resistencia histórica ante los intentos de anexar y asimilar a Puerto Rico. Puerto Rico en el siglo XXI se divide en las mismas tres tendencias existentes al cierre del siglo XIX. De éstas, la más antigua es la corriente independentista, cuyos orígenes se traza por los historiadores al  año 1795, cuando comenzaron a circular en el país monedas con lemas separatistas acuñados en contra de la dominación española.

 

          Durante la segunda mitad del siglo XIX, sin embargo, es que las tres corrientes hoy presentes en nuestro desarrollo político se configuran de manera más definida: la corriente independentista, la corriente autonomista y la corriente anexionista. Al cierre del siglo XIX la corriente autonomista encabezaba en Puerto Rico desde 1897 un Gobierno Autonómico reconocido por la Corona española, el cual ostentaba mayores poderes políticos que los que al día de hoy tiene el Estado Libre Asociado.

 

          La corriente independentista con relación al estado español, al calor de la Guerra de Independencia de Cuba, donde el Partido Revolucionario Cubano fundado por José Martí había establecido en el artículo 1 de sus Estatutos, que el mismo se organizaba para hacer la guerra necesaria por  la independencia de Cuba y auxiliar en la de Puerto Rico, se encontraba dividida entre aquellos que propulsaban la independencia absoluta de Puerto Rico y aquellos que la propulsaban respecto a España, pero eran a su vez anexionistas respecto a Estados Unidos.

 

         El cambio de soberanía trajo como resultado una nueva división en tribus entre los puertorriqueños respecto a su futuro status político frente a la nueva realidad como territorio cedido por España a Estados Unidos. Luego del trauma sufrido por el país a raíz del cambio de soberanía; del inicio de la transformación económica en el campo, transitando de una economía de hacienda a una de plantación; junto con la transformación del campesinado en obreros agrícolas y la destrucción de la base económica sobre la cual se sustentaba la incipiente burguesía nacional puertorriqueña que había emergido en la segunda mitad del Siglo XIX; las diferentes corrientes del pensamiento político fueron rearticulándose y reagrupándose en partidos políticos.

 

         A partir de la segunda década del siglo XX, el Partido Nacionalista de Puerto Rico bajo la dirección de Pedro Albizu Campos, articuló un discurso político de resistencia activa a toda manifestación de intentos de asimilación y anexión política. Cuestionando la legalidad del Tratado de Paris de 1898 sobre las bases que para entonces ya Puerto Rico tenía personalidad jurídica propia por lo que no podía ser una mercancía objeto de negociación entre las partes beligerantes en la Guerra de 1898, el PNPR  planteó la tesis de “nación intervenida”. Bajo la misma reclamó el derecho de los puertorriqueños a la vía armada como método fundamental de lucha contra el poder interventor de Estados Unidos en Puerto Rico. Con tal fin proclamó el derecho a organizar la patria para el rescate de su soberanía y en concordancia con tales postulados dirigió los esfuerzos de dicho partido a proclamar la república de Puerto Rico.

 

         Entre las décadas de 1930-50 el Partido Nacionalista escribió  una de las páginas más gloriosas en la historia política puertorriqueña. Desafiando el poder imperialista, llevó a cabo acciones de carácter político militar contra los órganos de poder imperialista en Puerto Rico y Estados Unidos. Entre éstos últimos destaca el ataque a la residencia provisional del Presidente Truman en contexto de la Insurrección Nacionalista de 1950 y el Ataque al Congreso de Estados Unidos en 1954 como manifestación de repudio a la creación del ELA y su ratificación como un status no colonial por parte de la ONU. Uno de los héroes combatientes de esa jornada se encuentra entre nosotros participando en este evento bolivariano. Nos referimos al compañero Rafael Cancel Miranda.

 

         Durante estos años no hubo una sola manifestación de la imposición de presencia  política, económica y militar de Estados Unidos en Puerto Rico que no encontrara una respuesta adecuada por parte del nacionalismo y otros sectores independentistas agrupados en el Partido Independentista Puertorriqueño, el Partido Comunista Puertorriqueño y otras agrupaciones  políticas nacionales y juveniles.

 

         A partir de la implantación del Estado Libre Asociado en 1952, Puerto Rico sufrió importantes transformaciones en el plano económico, político y militar.

 

         Entre 1948 y 1967 y bajo el impulso de la llamada “Operación Manos a la Obra”, se produjo el tránsito de la economía puertorriqueña de un modelo agrícola hacia un modelo de desarrollo económico sostenido en la manufactura o industria liviana. Dicho modelo fue orientado sobre los siguientes pilares: exoneración contributiva a las industrias que se establecieran en Puerto Rico, fundamentalmente las estadounidenses; subsidios del Estado en la infraestructura; bajos salarios; y finalmente, acceso directo de los productos producidos en Puerto Rico al mercado estadounidense.

 

         A partir de 1968 se observó un giro en el modelo económico orientándose el mismo  hacia la industria petroquímica. Este modelo dependía en su implantación en las llamadas ventajas que ofrecía la condición político-fiscal de Puerto Rico desde el punto de vista de la adquisición de petróleo de parte de los países en vías de desarrollo a un coste menor que el petróleo producido en Estados Unidos; su procesamiento a un coste menor de la fuerza de trabajo; en el consumo nacional del petróleo, dadas las condiciones energéticas del país; y finalmente, en el beneficio que podría representar el envío de los productos derivados hacia el mercado estadounidense, junto con los beneficios contributivos derivados de las empresas que se establecieran en Puerto Rico con tal propósito.

 

         El Embargo Petrolero decretado por la OPEP en 1974, el aumento en los precios del petróleo, junto con otros factores económicos y políticos asociados a nuestra relación política con Estados Unidos, dejó de hacer competitivo para el país el sostenimiento de este tipo de industrias. Una  vez más se hacía necesario cambiar nuestra estrategia de desarrollo económico en función de circunstancias externas.

 

         Luego de 1976 Puerto Rico adoptó otro modelo de desarrollo económico. Esta vez, en dependencia total con la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, se impulsó un modelo en el cual se le otorgaba exoneración contributiva a todo ingreso generado por empresas acogidas a dicha Sección en Puerto Rico; una exoneración adicional a los dividendos remitidos por dichas empresas a la casa matriz, por lo general en Estados Unidos; y exoneraciones contributivas adicionales sobre aquellos ingresos derivados de sus inversiones financieras dentro del territorio y depositados en bancos en Puerto Rico.

 

          Esta estrategia se valió, además, de otros tres componentes esenciales: un aumento en las transferencias federales del Gobierno Federal a Puerto Rico; el aumento en el empleo de la fuerza de trabajo en el sector público y el aumento en la deuda pública.

 

          La eliminación de la Sección 936 en la década de 1990 y la desaparición en los años siguientes de los beneficios devengados por este tipo de empresas y sus efectos colaterales en la economía del país están aún por definirse. Sin embargo, las consecuencias sociales de la implantación de dicho modelo en nuestro país se dejan sentir gravemente.

 

         Si bien se percibe un mejoramiento relativo en el sentido de lo que es la modernidad vista desde una perspectiva desarrollista, los niveles de dependencia económica derivados de ella y desajustes sociales, junto con los efectos ideológicos que acompaña este tipo de proyecto, explica en parte el incremento habido en las pasadas décadas en Puerto Rico en la corriente anexionista. Para estos sectores, los beneficios económicos resultado de la dependencia individual en las transferencias de fondos federales para muchas actividades relacionadas con la cotidianidad de las personas; así como los niveles de vida asociados a dichas relaciones económicas, se encuentran vinculados con el mantenimiento de la relación política con Estados Unidos y la ciudadanía estadounidense. En ese sentido, no deja de ser cierta la expresión común en Puerto Rico que la cuna desde donde se ha fortalecido el sector anexionista en el país es el ELA.

 

         En el plano político, la experiencia histórica ha sido que el gobierno de Estados Unidos ha optado por defender una relación política con Puerto Rico de carácter colonial frente a una posibilidad de desarrollo político soberano o la incorporación del país como un estado a la Unión.

 

         En el llamado proceso constitucional de 1950-52 se aprobó la Resolución Número 23 estableciendo en una de sus partes resolutorias  que “[E]l pueblo de Puerto Rico retiene el derecho a proponer y aceptar modificaciones en los términos de sus relaciones con Estados Unidos de América, de modo que éstas en todo tiempo sean la expresión de acuerdo libremente concertado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos”.

 

          En 1953 Estados Unidos promovió ante la Asamblea General de la ONU una Resolución  con el propósito de que Puerto Rico fuera retirado de la lista de territorios no autónomos. Sobre estos territorios las potencias administradoras tenían que rendir informes sobre aquellas medidas que se venían tomando para que dichos países y territorios accedieran a un status no colonial. En la Resolución adoptada, conocida como la Resolución 748 (VIII), se consignó por dicho Organismo el derecho del pueblo puertorriqueño y la obligación del Gobierno de Estados Unidos, de responder afirmativamente a toda solicitud de desarrollo en el contexto de las relaciones políticas entre ambos pueblos. Así, en su párrafo 9, se dispone lo siguiente:

 

                 “Expresa su seguridad de que, conforme al espíritu de la presente resolución, a los ideales incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, a las tradiciones del pueblo de los Estados Unidos de América y al adelanto político alcanzado por el pueblo de Puerto Rico, se tomará debidamente en cuenta la voluntad de los pueblos de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América tanto en el desarrollo de sus relaciones conforme a su status jurídico actual, como en la eventualidad de que cualquiera de las partes de la asociación concertada de común acuerdo desee modificar los términos de esta asociación.”

 

         En su mensaje ante la Asamblea General de la ONU, el entonces embajador de Estados Unidos Henry Cabot Lodge afirmó, indicando que hablaba a nombre del Presidente de Estados Unidos, que “si en algún momento la Asamblea Legislativa de Puerto Rico adoptaba una resolución en favor de una independencia más completa o aún absoluta, él recomendará inmediatamente al Congreso que otorgue esa independencia.” La realidad, sin embargo, ha sido distinta.

 

         Desde 1952, en adelante, se han desarrollado diferentes iniciativas por parte de Puerto Rico dirigidas a ampliar el marco de los poderes reconocidos por el Congreso a Puerto Rico. Hasta el presente no se ha producido modificación de clase alguna en las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos que hayan ampliado el marco de nuestras facultades fuera de la Constitución de dicho país. Salvo aquellas áreas de gobierno propio local permitidas por la Constitución de Puerto Rico, seguimos siendo el mismo territorio no incorporado que éramos a partir de 1898.

 

         En el plano militar, Puerto Rico pasó a partir de 1898 a ser un importante complemento en la dominación de Estados Unidos en la región. Todos y cada uno de los planes de desarrollo de comandos militares en la geografía militar de la región del Caribe, de Centro y Sur América por parte de Estados Unidos han tenido como punto de apoyo o referente común, el emplazamiento militar de Estados Unidos en Puerto Rico.

 

         Desde nuestra isla, Estados Unidos organizó, coordinó o desplegó miles de efectivos militares en todos los conflictos desarrollados en dicha región y en los cuales ha participado. Puerto Rico ha servido, también, de plataforma marítima y aérea en el desarrollo de invasiones militares hacia países hermanos. Desde Puerto Rico, además, se ha brindado apoyo logístico en decenas de actos dirigidos a lesionar y violar la soberanía de países latinoamericanos en el Hemisferio.

 

         Entre las últimas manifestaciones de este tipo de intervención se encuentran la participación de militares puertorriqueños en las operaciones militares relacionadas con la implantación del Plan Colombia y el desplazamiento desde Puerto Rico de unidades navales de la Flota del Atlántico en apoyo a los golpistas durante el Golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Venezuela en abril de 2002.

 

         La presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico ha tenido, además, un alto efecto en nuestra sociedad en lo relacionado con la participación de puertorriqueños en diferentes guerras y conflictos en los cuales se ha visto involucrado Estados Unidos. Alrededor de un cuarto de millón de puertorriqueños han participado en las mismas como soldados y mucho más de un millar de puertorriqueños han fallecido en tales conflictos bélicos. Miles han regresado heridos, mutilados física y mentalmente o dependientes de sustancias controladas.

 

          De hecho, en el contexto de la presente “guerra contra el terrorismo”, como la ha denominado Estados Unidos, ya suman 21 los muertos en combate y cerca de poco más de sesenta los heridos. Más de  7 mil efectivos de la Reserva y de la Guardia Nacional han sido movilizados como parte de esta Guerra y otros miles más pertenecientes a dichos cuerpos aguardan por ser movilizados. Otros miles de puertorriqueños se encuentran sirviendo en las fuerzas armadas regulares de Estados Unidos.

 

         Al presente, si bien Puerto Rico ya no se encuentra desde los pasados dos años bajo la jurisdicción del Comando Sur, todavía importantes actividades relacionadas con dicho Comando en sus operaciones hacia Centro y Sur América se siguen desarrollando en Puerto Rico. Mientras tanto, Puerto Rico ha sido incorporado dentro del denominado Comando del Norte. La funciones de este Comando se encuentran fundamentalmente vinculadas con la seguridad interna de Estados Unidos y  lo que dicho país ha catalogado como la lucha contra el llamado terrorismo. El área de jurisdicción de dicho Comando militar  incluye, además de Puerto Rico, a la Islas Vírgenes estadounidenses y a Cuba.

 

         Históricamente hablando, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, principalmente la Marina de Guerra, han actuado como muro de contención en todo esfuerzo por desarrollar mayores poderes soberanos en Puerto Rico. A pesar de los cambios operados en los pasados años y el cierre exitoso de la Base Naval de Roosevelt Roads gracias a la movilización, lucha y sacrificios de miles de puertorriqueños(as), entre los cuales se encuentran  más de 1,500 detenidos, arrestados y encarcelados,  Puerto Rico sigue siendo un importante bastión militar en la nueva arquitectura militar de Estados Unidos en la región.

 

         En los pasados años la insatisfacción con las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos ha cubierto a todos los sectores políticos del país. Tanto los sectores anexionistas como independentistas han catalogado las mismas como coloniales. En el caso de los primeros, proponen como alternativa la incorporación de Puerto Rico como un estado más de Estados Unidos. El independentismo, por su parte, en sus diversas corrientes, manifestaciones y organizaciones, impulsa la independencia nacional como solución a las presentes relaciones políticas.  En nuestro sector, sin embargo, tiende a manifestarse entre sus diferentes componentes, mayores diferencias en lo concerniente al modelo de desarrollo económico en la eventualidad de alcanzar la independencia. Tales diferencias, en no pocas ocasiones, se levantan como obstáculos mayores entre nosotros que lo que son las diferencias existentes con otras corrientes políticas.

 

          El autonomismo, por su parte, se encuentra dividido ideológicamente en diferentes tendencias, aunque desde el punto de vista organizativo, se agrupan casi todos en un mismo partido político. Más allá de sus diferencias o sectores internos, por lo genera concurren a las elecciones generales como un solo partido político.

 

         En el autonomismo actual en Puerto Rico se manifiestan las mismas diferencias fundamentales que surgieron en dicho sector ideológico  hacia 1887 cuando esta corriente política se dividía entre aquellos que reclamaban una autonomía política respecto a España y aquellos que se conformaban con una autonomía administrativa provincial. Fueron estos últimos los que prevalecieron en tal tipo de posición en el proceso político al interior del Partido Popular Democrático, esta vez respecto a Estados Unidos y que desembocara en la Constitución de 1952. Hoy día son estos mismos sectores los que siguen siendo mayoría dentro de dicha corriente ideológica.

 

         Los cambios que propone el partido que les representa, algunos de los cuales tímidamente cuestionan las relaciones políticas existentes entre Puerto Rico y Estados Unidos y que llegan a formular en diferentes grados  algunas modificaciones en dicha relación, son cambios afirmados a partir de la presión que sobre ellos ejercen las otras dos tendencias ideológicas. Por un lado, afirman la nacionalidad, la cultura, la autonomía fiscal y el desarrollo del ELA hacia unos nuevos poderes soberanos limitados como barrera ante la estadidad federada la búsqueda de desarrollo económico dentro del marco de la relación con Estados Unidos; por otro lado, afirman la ciudadanía estadounidense, la defensa común, la común moneda y el mercado común como base de la unión permanente en la llamada asociación con Estados Unidos y rechazan toda propuesta de asociación soberana o república asociada. Para ellos la independencia no constituye una alternativa viable.

 

         El independentismo a su vez ha sido incapaz de desarrollar una propuesta aceptable de independencia para nuestro pueblo en la cual el propio pueblo haga de ella una opción superior al modelo dentro del cual se desarrolla nuestro país.

 

         De cara a un nuevo siglo y luego del resultado de las pasadas elecciones, el país se encuentra más dividido y con más interrogantes en  torno a su futuro político que nunca antes.

 

         En primer lugar, el resultado de los comicios electorales refleja que ni el sector autonomista, ni el sector anexionista, cuenta por sí solo con el voto de la mayoría del electorado. EL sector anexionista, sin embargo, demuestra una mayor cohesión y organización que el sector autonomista. El sector autonomista en estos momentos no es capaz de lograr siquiera una pluralidad de votos en su favor si no es a cuenta del apoyo de un sector del independentismo que ve en el triunfo del partido anexionista un peligro inminente de forzar una petición de estadidad a Estados Unidos. El sector anexionista, aún a pesar de los graves señalamientos sobre corrupción gubernamental y pillaje de los fondos públicos en los ocho años  que estuvo en el poder entre1992 y el 2000, cuenta en sus filas con un gran número de seguidores, muchos de ellos de extrema derecha, capaces de desafiar incluso la legalidad del proceso político puertorriqueño.

 

         En segundo lugar, el sector independentista luego de las elecciones, se encuentra más fraccionado que en los pasados años. A la pérdida de la franquicia electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, el cual no alcanzó la cifra de un 3% de los votos para quedar inscrito, se suma la incapacidad manifiesta del propio movimiento independentista y muchos de sus dirigentes para manejar sus propias contradicciones internas como movimiento político. En ocasiones es más el tiempo invertido en discutir nuestras propias diferencias internas, que el tiempo dedicado a articular una propuesta de independencia, ajustada a nuestra realidad como pueblo y nuestras posibilidades, que el trabajo de búsqueda y unidad entre sus diversos sectores y los esfuerzos de organización compartidos para sumar en un solo movimiento político amplio y diverso a los distintos sectores comprometidos con un programa de independencia, soberanía y justicia social.

 

         En tercer lugar, a pesar de las diversas contradicciones al interior del sector autonomista y su diversidad, el independentismo tiene que sentarse a reflexionar en torno a las particularidades de dicho sector; sus diferencias en términos del desarrollo de su propuesta política; y la posibilidad de articular ciertas  alianzas que bien pudieran ser desarrolladas de cara al futuro, tanto desde el punto de vista del fortalecimiento de nuestra identidad nacional, como desde el punto de vista económico, social y político. Asumir que dicho sector es monolítico resultaría tan equivocado como no distinguir que, aún dentro del independentismo, se manifiestan igualmente  contradicciones entre sus distintos componentes. Lo anterior, sin embargo,  no debe impedirnos avanzar unidos en aquello en que estemos de acuerdo.

 

          En la lucha contra la corriente anexionista, como en la búsqueda de nuevos poderes soberanos para el país, sectores del autonomismo pueden contribuir significativamente a dicho proyecto. En este esfuerzo, no tenemos por qué dejar de afirmar nuestra propuesta política independentista.

 

         En cuarto lugar, el resultado del presente proceso electoral donde el poder Ejecutivo puede quedar finalmente en el control de un partido (autonomista); el poder legislativo en otro partido (anexionista); el poder  judicial modificado en términos de la correlación de fuerzas de dichos partidos en la composición de jueces en el Tribunal Supremo por vacantes que surgirán en los próximos cuatro años; junto con un partido político independentista que acaba de perder su franquicia electoral a pesar de que eligió un candidato a la Cámara de Representantes y otra al Senado;  la respuesta del independentismo no afiliado al PIP y las perspectivas de organización de nuevos instrumentos electorales; unido esto a lo que conforman las luchas sociales, sindicales, ambientales y estudiantiles, por mencionar algunas, en los próximos años; ofrece conciones favorables para articular una nueva respuesta popular en la descolonización de Puerto Rico.

 

         Las respuestas que articulemos ante problemas concretos como la revisión de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, tanto desde un punto de vista sustantivo al manejar las fórmulas como desde el punto de vista procesal al identificar las vías para ello, constituye una de las interrogantes principales sobre las cuales el independentismo a corto y mediano plazo, tiene la obligación de producir respuestas concretas y realizables.

 

         La realidad económica de Puerto Rico a la luz de los intentos de implantación del ALCA o de modelos a escala más reducida en contexto de la región caribeña, centroamericana o suramericana; la pérdida de la posición favorable frente a otros estados de la región en términos de acceso de nuestros productos al mercado de Estados Unidos; la situación de nuestra hermana Cuba frente a nuevas políticas de agresión económica y militar por parte de Estados Unidos y sus repercusiones; las políticas ingerencistas de Estados Unidos con la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe; los desarrollos a corto y mediano plazo de la llamada “guerra contra el terrorismo” y sus efectos en nuestros pueblos; el deterioro de la calidad de vida y la depredación del medio ambiente en beneficio de los grandes intereses económicos y políticos; los efectos del narcotráfico, el incremento en la criminalidad y la adicción a las drogas, particularmente sobre nuestra juventud; el desempleo y el derecho del pueblo a recibir servicios efectivos de salud y protección social, constituyen agendas de trabajo igualmente importantes en el desarrollo de nuestro quehacer político futuro.

 

         No aspiramos a que nuestra lucha sea obra de otros. Aspiramos a que la independencia, como obra anhelada de tantos en el pasado, sea finalmente el triunfo colectivo de todo un pueblo mañana.

 

          En esta lucha, sin embargo, como fue ayer cuando Simón Bolívar contempló su proyecto libertador para toda América Latina; como fue ayer cuando el Mayor General Antonio Valero de Bernabé consultó con el Libertador el primer proyecto expedicionario para la liberación de Puerto Rico del yugo español; como más tarde en la historia fueron los esfuerzos de Andrés Vizcarrondo desde Caracas y el sacrificio y abnegación de un Manuel Rojas en Puerto Rico en los esfuerzos de Betances en Lares; como también más adelante, en el curso del siglo XX, ilustres hijos de esta tierra que hoy nos acoge brindaron su apoyo resuelto a Hostos, Albizu y tantos otros patriotas; como hoy, de frente y con el apoyo masivo del pueblo venezolano, el Presidente Hugo Chávez respalda el derecho del pueblo puertorriqueño a su libre determinación e independencia, recavamos de los presentes en este Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, el respaldo al derecho del pueblo de Puerto Rico a su soberanía e independencia nacional.

 

 

Alejandro Torres Rivera, abogado laboral puertorriqueño, es profesor del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y Secretario de Educación Política del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico.